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Columna G80: Manuel Riesco : El escándalo de las pensiones vitalicias AFP (II)
Columnas
2007-06-22
8076 lecturas

Manuel Riesco
especial para G-80

El escándalo de las pensiones vitalicias AFP (II)

El mayor costo para los afiliados, sin embargo, lo representan los pagos anticipados de primas de rentas vitalicias a cías. de seguros. Entre 1982 y 2006, las AFP traspasaron 8,9 billones de pesos a las cías. de seguros por este concepto. En el mismo período, los pagos de pensiones efectuados por estas últimas en las modalidad de rentas vitalicias suma poco menos de 4,8 billones de pesos, lo que arroja una diferencia de 4,1 billones de pesos en primas anticipadas. Esta diferencia por si sola es equivalente a las comisiones de administración cobradas por las AFP.

Ello se debe principalmente a que las rentas vitalicias del sistema de pensiones constituyen un tipo de seguro muy peculiar, cuya prima total se paga al contado y por adelantado. Los seguros normalmente operan al revés, es decir, los asegurados pagan primas pequeñas y el seguro es el que aporta la suma completa en caso de siniestro, la que financia con el flujo de primas del resto de los asegurados. En cambio, cuando los afiliados contratan rentas vitalicias, deben traspasar el total o la mayor parte de sus fondos de pensiones a las cías. de seguros. “Por lo tanto –advierte la propia SAFP en su página web-, al seleccionar una renta vitalicia, el afiliado deja de tener la propiedad de sus fondos”. Equivale que si al contratar un seguro automotriz hubiese que pagar el valor de un automóvil nuevo por adelantado, ante la eventualidad de una pérdida total.

Es verdad que al mismo tiempo adquiere un derecho al pago de una renta por el resto de su vida. Sin embargo, a cambio de un derecho futuro, se efectúa un sustancial pago en efectivo, por adelantado. Desde luego, no hay garantía alguna que devuelvan este "depósito" si las cías. de seguro entran en falencia. Ello ya ocurrió con Seguros Le Mans, del grupo Inverlink, que sencillamente se embolsó el dinero de las primas y luego fue a la quiebra fraudulenta – uno de sus ejecutivos era un ex superintendente de AFP, y uno de sus directores un ex Ministro, ambos de gobiernos democráticos. Tampoco existen regulaciones que obliguen a las cías. de seguros a mantener un fondo especial que garantice su solvencia al menos en este aspecto tan especial (y rentable) de sus operaciones. De continuar este sistema, las cías. de seguros continuarán año tras año embolsándose un importante flujo de primas anticipadas, en dinero contante y sonante, el cual les permite pagar todas las pensiones vitalicias contratadas y les dejará un importante y creciente excedente.

Esta escandalosa anomalía del sistema de AFP puede corregirse fácilmente dando a los seguros de pensiones vitalicias un tratamiento similar al que el parlamento está considerando actualmente para el seguro de invalidez y sobrevivencia. La situación es equivalente, puesto que en ambos casos se trata de contratar un seguro ante una eventualidad, de un accidente en un caso, o de una sobrevida por encima del promedio, en el otro. La eventualidad de invalidez se asegura con una moderada cotización que pagan todos los afiliados en actividad, la cual el parlamento acertadamente quiere financiar con cargo a una cotización patronal y contratar centralizada mente por el Estado. De la misma manera, una cotización patronal muy moderada puede asegurar a todos ante el riesgo de vivir más que el promedio y por lo tanto garantizar una pensión vitalicia y definida a todo el mundo.

Sin embargo, los afiliados deben quedar cubiertos asimismo ante la eventualidad que sus fondos de pensiones se diluyan por efecto de “crash” bursátiles u otros motivos. Esta es actualmente una eventualidad de alto riesgo para todos los afiliados, ante la cual es necesario asegurarlos. Ello se puede lograr asimismo contratando un seguro el cual se puede financiar también mediante una contribución patronal moderada. De este modo, se puede garantizar a todos los afiliados a las AFP que van a obtener pensiones definidas y por vida, aún en el caso que una crisis económica esfume parte de sus fondos de pensiones. El fondo de pensiones de cada uno serviría así para financiar las pensiones de los afiliados a las AFP, igual que ahora. Sin embargo, en caso de resultar insuficiente por cualquier motivo, entraría a operar el seguro, que garantizaría la continuidad del pago por toda la vida del afiliado.

Queda por dilucidar cuál debe ser el monto de las pensiones definidas y vitalicias que se pueden garantizar mediante este seguro. Felizmente, se cuenta con un parámetro que es muy útil para estos efectos, y es el monto de las pensiones que hoy otorga el INP. Lo mínimo es que las pensiones a futuro no sean inferiores a las públicas que hoy reciben la mayoría de los adultos mayores. En el caso de las mujeres, por cierto, un seguro de esta naturaleza debe asegurarlas a estos beneficios a partir de los 60 años. Se puede quizás mejorar el mecanismo de cálculo, de modo que se consideren las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida y no solamente las de los últimos tres o cinco años. Un sistema de esta naturaleza existe actualmente en Suecia y fue propuesto por CENDA en la Comisión Marcel (ver http://www.cendachile.cl/Propuesta_CENDA_Reforma_Previsional). El monto puede ajustarse asimismo de modo de enterar la menores cotizaciones efectuadas en las AFP respecto de las del INP, lo cual significa que el monto de las pensiones debe ajustarse hacia abajo aproximadamente en un 7% en relación a estas últimas.

Por cierto, queda por responder la pregunta del millón: ¿Cuánto costaría este seguro? ¿De qué monto resultaría la cotización patronal requerida para garantizar a todos los afiliados una pensión de por vida y monto al menos equivalente a las que hoy otorga el INP? Felizmente, CENDA ha respondido esta importante duda, a partir de datos reales del número actual de adultos mayores jubilados por las AFP (160 mil), y el monto suplementario requerido para igualar sus pensiones a las del INP (duplicar su monto actual). Luego, el estudio CENDA ha proyectado esta situación hasta mediados de siglo, utilizando supuestos realistas de aumento de la masa de adultos mayores (2.7% promedio anual según CELADE), crecimiento de los cotizantes (2,4% promedio anual) y su ingreso imponible (3,4%), gasto público previsional (4% anual, igual que el PIB), y rentabilidad del fondo de pensione (5% promedio anual). En base a esos parámetros, resulta posible otorgar al 85% de los adultos mayores –las mujeres lo son a partir de los 60 años y los hombres de los 65-, pensiones definidas y de por vida, cuyo monto mínimo, dado por el Estado es inicialmente de $100.000 mensuales y crece hasta 251.829 el 2045, y cuyo monto es al menos equivalente al de las actuales pensiones INP. Para asegurar todo ello basta con establecer una cotización patronal de 1,9% de los salarios hasta el 2010, de un 6% entre ese año y el 2025, y de un 9% en los años sucesivos hasta el 2045. Los descuentos previsionales resultantes son de 12.3% de los salarios hasta el 2010, valor que sube a un 14.3% hasta el 2025, y luego a un 16.8% hasta el 2045. Todos los incrementos son con cargo a los empleadores y destinados al fondo de reparto. Cabe señalar como referencia que Suecia, por ejemplo, cotiza actualmente un 16% para el fondo de reparto, y un 2.5% adicional para capitalización, y su estructura demográfica de hoy es parecida a la que Chile alcanzará a mediados de siglo.

Naturalmente, estos supuestos se hacen sobre la base que se termina con el actual abuso de las AFP y cías de seguros, que se están quedando con uno de cada tres pesos cotizados, lo cual es un escándalo sin nombre que no tiene posibilidad ninguna de sostenerse por mucho tiempo más. Ello exige una profunda reingeniería de esta industria, mediante la cual se concentren en el INP las funciones con economías de escala como recaudación y pago de beneficios y se dejen en las AFP solamente las funciones de gestión de fondos –y con un operador estatal además. La contratación de todos los seguros propuestos debe ser desde luego centralizada y con un operador estatal asimismo en este ámbito, posiblemente el mismo INP.

Un seguro de esta naturaleza es entonces perfectamente factible. Los lectores pueden comprobarlo en el estudio entregado a la comisión asesora presidencial y que actualmente es uno de los documentos más bajados del sitio CENDA (ver http://www.cendachile.cl/Propuesta_CENDA_Reforma_Previsional). Les puede llamar la atención que dicho estudio se titula “Factibilidad y Necesidad de Restablecer Gradualmente un Pilar Previsional de Reparto”, cuando la propuesta que se hace acá es contratar un seguro de pensiones vitalicias definidas. Esto no debería sorprender, sin embargo, puesto que ¿qué es un seguro sino un sistema de reparto? En efecto, todos los seguros del mundo funcionan sobre la base que una pequeña prima pagada por todos los contratantes sirve para cubrir los siniestros de los afectados. El sistema de reparto opera exactamente igual. Una pequeña prima, equivalente a un porcentaje de los salarios de todos los asegurados, sirve para pagar las pensiones de aquellos que sufren el “siniestro,” que en este caso consiste en la prolongación de la vida mas allá del tiempo en que se la pueden ganar mediante su trabajo.

Es evidente que todas las pensiones deben ser vitalicias. Por otra parte, su monto debe ser definido y estable y no puede ser inferior a las que actualmente otorga el INP –a las cuales las mujeres tienen derecho a los 60 años, además. Cualquier reforma que se quede corta de este objetivo no contará con legitimidad. Los afectados con todo derecho seguirán presionando por volver al INP. Ya lo han logrado en Argentina y Perú y tarde o temprano lo conseguirán asimismo en Chile de no corregirse esta injusticia. La introducción de un seguro de pensiones vitalicias, definidas y equivalentes a las del INP puede corregir esta anomalía. Su factibilidad ha sido demostrada y puede financiar con una cotización patronal moderada. El parlamento tiene la palabra.

Vea primera parte de la columna

Manuel Riesco es Economista de Cenda



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