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Columna G80: Raúl Blanchet : Colombia: Ola de asesinatos, ataques y hostigamiento contra dirigentes sindicales
Columnas
2008-05-06
1847 lecturas

Raúl Blanchet
especial para G-80

Colombia: Ola de asesinatos, ataques y hostigamiento contra dirigentes sindicales

El movimiento sindical colombiano enfrenta una ola de crímenes y atentados en su contra durante los últimos tres meses. Los autores de la sangrienta campaña parecen ser grupos de ex paramilitares o como dicen algunos dirigentes sindicales de Colombia, los viejos-nuevos paramilitares, agrupados en la organización autodenominada “Aguilas Negras”. Las acciones en contra de los sindicalistas se producen en medio de un clima de hostigamiento, amenazas y ataques constantes del que son objeto los dirigentes sindicales de diferentes rubros.

El pasado 18 de abril fue encontrado asesinado y con visibles huellas de tortura, el dirigente sindical de SINDESENA e instructor de Etica y Derechos Humanos del Centro Agropecuario CAISA, Jesús Heberto Caballero Ariza. El hecho ocurrió en el municipio de Sabanalarga, en la vía Cascajal, departamento del Atlántico. Caballero, había sido secuestrado por desconocidos el miércoles 16 de abril.

El pasado 22 de abril, desapareció el presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá (SINSERVPUB), y funcionario de la Contraloría de Colombia, Guillermo Rivera Fuquene. Su desaparición se registró a las 6:30 de la mañana, en el barrio "El Tunal" instantes después de pasar a dejar a su pequeña hija al colegio ubicado en las proximidades de su domicilio, desde donde se dirigió a un gimnasio, trayecto en que se perdió su rastro.

Esta nueva desaparición de un dirigente sindical, motivó diversos llamamientos por parte de las organizaciones a las que pertenece Rivera Funquene, así como de organismos internacionales que demandaron de las autoridades colombianas adoptar las medidas para esclarecer los hechos y lograr la pronta aparición del dirigente. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a la que está afiliado el SINSERVPUB, cuestionó las aseveraciones del presidente Alvaro Uribe, en cuanto a que haya mejorado últimamente la situación para el movimiento sindical y los trabajadores en general dentro de ese país.

Otros atentados

El miércoles 23 de abril, mientras el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), Jorge Gamboa Caballero, acompañado de otros dos dirigentes sindicales se entrevistaba con trabajadores de la palma, caucho, carbón, gas y petróleo que realizaban desde el 3 de abril un paro indefinido de labores en el corregimiento de Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí, fue objeto de un ataque frustrado con arma de fuego, por parte de dos sicarios que se abalanzaron sobre él esgrimiendo uno de ellos un revolver. Los atacantes fueron reducidos y desarmados por los participantes en el encuentro sindical, con lo que se anuló el atentado contra la vida de Gamboa.

A los sicarios se les quitó el arma con la que pretendían disparar contra el dirigente y fueron entregados a un coronel de la policía presente en el lugar. Luego una patrulla policial habría trasladado a los dos sicarios en un vehículo institucional, liberándolos más tarde en la carretera donde habrían abordado un vehículo particular.

La USO responsabilizó al gobierno y la policía nacional de fraguar el asesinato de dirigentes sindicales y de todos quienes participan en la paralización de actividades en Yarima.

El dos de mayo, la directiva de la USO fue informada por la Dirección de Seguridad de Ecopetrol, empresa petrolera pública por acciones, de que habían obtenido de fuentes confiables la información de que se preparaba un atentado en contra del secretario general de la Junta Nacional de la USO, Daniel Rico Serpa, en la ciudad de Cartagena a donde se aprestaba a viajar es mismo día. Según la información proporcionada por la dirección de seguridad de Ecopetrol, señalaba que el ataque también podría haberse perpetrado en el trayecto de Cartagena a Magangue, destino al que se dirigiría con posterioridad a su paso por Cartagena. Debido a estos antecedentes, el viaje fue cancelado. El dirigente debía visitar esas localidades en el marco de las iniciativas emprendidas por la USO, ante el proceso de privatización de la refinería de Ecopetrol en Cartagena. Según esta organización sindical, se fraguaba un nuevo crimen contra el sindicato, debido a los grandes intereses económicos en juego a causa del proceso privatizador.

Estadísticas del terror

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Colombia, Carlos Rodríguez Díaz, informó que durante el primer trimestre del presente año, han sido asesinados 22 sindicalistas colombianos, en tanto que el número de sindicatos objeto de este tipo de ataques llega a 18 en el mismo período de tiempo. Las cifras, según Rodríguez, representan un incremento de los asesinatos en un 77 %, comparado con el primer trimestre de 2007.

El movimiento sindical colombiano es permanente blanco de amenazas, cuando no de crímenes como el de Jesús Caballero, enfatizó el presidente de la CUT colombiana, la que demanda de la comunidad internacional que se sume a las denuncias y que exija a las autoridades del país que estos crímenes no se sumen a tantos otros que permanecen impunes, los que representan el 97 % de los casos.

De los sindicalistas asesinados durante el primer trimestre en Colombia, 18 pertenecían a la CUT, tres a la Confederación General del Trabajo (CGT) y uno a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Desde que se creara la CUT en 1986 a la fecha, han sido asesinados 2.597 sindicalistas, informó Carlos Rodríguez Díaz.

La Comisión de Derechos Humanos y Paz de la USO, se sumó a quienes demandan la depuración de los grupos de oficiales de la fuerza pública, que patrocinan abiertamente a las llamadas "Águilas Negras", “las cuales están atentando contra sectores sociales y religiosos del Magdalena Medio, llegando incluso al descaro de amenazar de muerte a los Obispos y Sacerdotes de la región”, denunció en una declaración.

Entre los reclamos tanto internos como internacionales, se demanda que sean respetados en Colombia los derechos más elementales de los trabajadores, consagrados en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos y ratificados por el país cafetalero.

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