Columnas
2016-05-25
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Rafael Luis Gumucio Rivas
especial para G80

¿Quién paga los platos rotos?

Eduardo Lara, un humilde empleado municipal de Valparaíso, y de 70 años de edad, cumplía funciones de guardián en esa institución. En un país medianamente civilizado e igualitario debería estar gozando del justo derecho al descanso y disfrutar, incluso, de sus nietos. En Chile las jubilaciones son tan malas que muchos de los adultos mayores se forzados a trabajar hasta que la muerte los sorprenda. Ser viejo, pobre y enfermo es un verdadero infierno en vida. Eduardo Lara pagó con su vida la imbecilidad de estos nerones encapuchados chilenos, que actúan en perfecta impunidad.

Cabe preguntarse a quién sirven estos encapuchados, que siempre logran infiltrarse en las protestas sociales, organizadas por estudiantes, trabajadores y otros conglomerados de la sociedad civil. En primer lugar, se ha comprobado que muchos de ellos son policías infiltrados, ¿por qué, si están entre estos grupos violentistas, nunca han sido detenidos? ¿No es sospechosa la incapacidad de los organismos de seguridad del Estado penetrar estos grupos y conducirlos a la justicia? Si razonamos adecuadamente, habría que pensar ¿a quién o a quiénes les conviene que las marchas pacíficas – como son la mayoría – se desvirtúen por la acción brutal de estos pequeños grupos de rabiosos inconsecuentes?

Quienes detentan el poder soñarían que los ciudadanos fueran tan pacíficos, conformistas y pasivos y ojalá nunca reclamaran sus legítimos derechos y que no salieran a las calles. Mientras más masiva es una protesta, más se asustan los poderosos. En el fondo, el poder de la no violencia activa está en el rechazo moral a la injusticia y a la convocatoria ciudadana a ocupar las calles que, por principio, pertenecen a los ciudadanos.

Estos encapuchados, que nunca dan la cara, pertenecen a un lumpen que siempre termina sirviendo los intereses de los poderosos, sean de la casta política o empresarial.

Los defensores del orden precario se aprovechan de esta situación para proponer la implementación de leyes represivas, algunas de ellas la antiterrorista, completamente contraria a los derechos humanos y al debido proceso, so pena de reprimir a los violentos, pero que siempre termina restringiendo las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente en demanda de reivindicaciones justas y de elevado nivel ético y moral.

A raíz de los graves sucesos recientes en la ciudad de Valparaíso han surgido todo tipo de propuestas, muchas de ellas absurdas, entre ellas la existencia de un lugar especial, lo más alejado posible de la ciudad, donde los ciudadanos pudieran hacer uso de sus derechos a manifestarse libremente, es decir, se trata de que estas protestas ciudadanas sean lo más intrascendente posible.

Otra de las propuestas ilógicas dice relación con el cambio de fecha y lugar en que el Presidente de la República rinde cuenta anual ante el Congreso y la ciudadanía. A modo de ver, esta ceremonia me parece cada vez más ridícula, pues tiene mucho de circo, y no falta el Presidente que invite a “doña Juanita” para simular que también dialoga con la mujer de pueblo. Una verdadera cuenta pública debiera tener derecho a réplica dentro de la misma sesión e, incluso, consultar a los mismos ciudadanos sobre la aprobación o rechazo de la cuenta. Si se cambia el lugar y la fecha, los encapuchados y los perros- que gozan con la acción del guanaco - se las arreglarán para hacerse presentes donde las papas queman.

Las fuerzas especiales de Carabineros, que en muchas ocasiones maltratan a los manifestantes pacíficos y permiten que los encapuchados se encarguen de destruir la propiedad pública y privada, y más grave aún, la vida de las personas, tienen su cuota de responsabilidad. Nada justifica la acción brutal contra el joven Avilés, que protestaba pacíficamente y que al borde de estuvo la muerte, durante la marcha del 21 de mayo del año anterior, en cambio de centrar su accionar en aislar a los grupos violentistas, carentes de Dios y ley, y proteger a los ciudadanos que hacen uso de su derecho a manifestarse en una democracia.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
24/05/2016

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