Columnas
2016-04-19
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Rafael Luis Gumucio Rivas
especial para G80

Luz verde para el golpe parlamentario en Brasil

Brasil ha sido el único país de América Latina que llevó a cabo un plebiscito en el cual el pueblo se pronunció sobre las distintas formas posibles de Estado y de régimen político: entre república o monarquía, parlamentarismo o presidencialismo, federalismo o centralismo. El pueblo eligió el camino de optar por república-presidencial-federalismo. Como sabemos, el presidencialismo es el peor de los regímenes posible, pues no deja salida ante una crisis política.

El juicio político - de Residencia, en la Colonia – es tan grave que, en el caso de la época colonial, en Chile, se aplicó una sola vez en la persona del gobernador Meneses – un verdadero demonio -; En Chile, ningún Presidente de la República en ejercicio ha sido destituido por medio de una acusación constitucional - Carlos Ibáñez del Campo lo fue cuando ya estaba en el exilio; en Estados Unidos, Richard Nixon renunció antes de que pudiera ser destituido; Fernando Color de Melo renunció también antes del juicio; el único juicio político exitoso hasta ahora fue contra Fernando Lugo, Presidente de Paraguay -.

El juicio político en Brasil tiene reglas a cumplir bastante estrictas: la Cámara de Diputados, integrada por 513 parlamentarios, debían votar a favor de la acusación dos tercios del total; el resultado del domingo, 17 de abril, fue de 367 a favor, contra 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias, claramente a favor de la aprobación. El segundo paso corresponde al Senado, que debe aprobarlo por mayoría simple que, producirse este hecho, la Presidenta será apartado del cargo por un período de 180 días, durante los cuales gobernaría el vicepresidente, Michel Temer – ahora enemigo acérrimo de la Presidenta – mientras dure el juicio político, que deberá ser aprobado por los dos tercios del senado.

Entre los cargos acusatorios contra la Presidenta Dilma Rousseff no figura la corrupción de los políticos y Petrobras, sino por haber atropellado la Constitución al incurrir en maniobras contables ilegales entre el 2014 y 2015, al falsificar el déficit fiscal, período que coincide con su reelección como mandataria.

El ambiente de polarización que se vive en Brasil hace bien difícil la sustentación del régimen político: por un lado, y con razón, el gobierno y el Partido de los Trabajadores acusa a la oposición, esta vez dirigida por dos grandes corruptos, el vicepresidente Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que estarían agitando un golpe de Estado parlamentario. El ex Presidente de la República, Inácio Lula da Silva, en sus encendidos discursos, recuerda el golpe de Estado de los militares que derrocaron al entonces Presidente Progresista, Joao Goulart, en 1964. Esta vez el Partido de los Trabajadores no está dispuesto a permitir que la Presidente sea derrocada sin la defensa del pueblo, tal como ocurrió, por desgracia, en los años 60, en que Goulart cayó aislado por los ciudadanos.

Lo más posible es que en el senado se reúna la mayoría simple y el vicepresidente Temer asuma el poder, provocando una reacción popular debido a su protagonismo en casos de corrupción de este personero, lo cual haría que los golpistas lo reemplazaran por Eduardo Cuhna, tan corrupto como el primero, precipitándose una situación social de caracteres imprevisibles.

Ante este negro panorama hay que agregar una marcada recesión, de más de un 3% semestral, que pondría en peligro los avances en materias sociales, conquistados durante los sucesivos gobiernos del PT.

En esta conspiración de la derecha latinoamericana hay que tener un extremo cuidado con el papel de los “fascistas pobres”, aquellos personajes surgidos de las capas medias emergentes que, muy fácilmente, terminan formando parte de una especie de “lumpen-burguesía” – para usar los términos de la sociología de los años 60 – que terminan siendo la fuerza de choque de la oligarquía conservadora, que no quiere soltar el poder.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
18/04/2016

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