Columnas
2015-10-08
2814 lecturas

Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Señores parlamentarios, ustedes ya carecen de autoridad

Constitución de 1980 tiene una hermana gemela en manos y almas de actuales legisladores enajenados por la corrupción y la desvergüenza

Es difícil encontrar en política una contradicción, un sin sentido, una cuestión tirada de los pelos, mayor que este vergonzoso asunto que enloda a nuestro país. En ninguna nación civilizada se entendería esto de “gobiernos democráticos guiados por una Constitución Política parida por una dictadura”.  Sólo en Chile ello es posible… aunque más de alguien acotará que la nuestra no es, precisamente, una democracia en el estricto sentido del término.

No puedo siquiera imaginar, por ejemplo, a una Alemania post Segunda Guerra Mundial administrada con las leyes y la Constitución establecidas por el NSDAP y Adolfo  Hitler…. ni a un Vietnam gobernado hoy día mediante la Constitución colonial impuesta por Francia (antes de Dien-Bien-Phu), ni tampoco a una actual Polonia sometida a los dictámenes constitucionales de la desaparecida URSS.

Pero, desde el año 1980 a la fecha, nuestro pequeño y austral país cuenta con una Carta Magna ha trabajado hecha en dictadura, amasada por aquellos que cercenaron la democracia e iniciaron el desguace del Estado, hecha a la medida del totalitarismo cívico-militar que desde las épocas de nuestra supuesta independencia -en el siglo XIX- ha trabajado obsecuentemente en defensa de los intereses de quienes destazan Chile a placer.

Una vez que la dictadura se retiró del gobierno, el poder continuó en manos de quienes la habían sustentado y que, entre 1988 y 1990, cobraron a los tiranos tales favores mediante la apropiación de  cientos de empresas estatales que pasaron a engrosar sus haberes. Con tamaña recaudación era factible entonces repartir migajas a los vencedores del plebiscito de octubre 1988, y de esa laya meterlos en cintura arrastrando a los principales ex dirigentes ‘socialistas’ de la fenecida Unidad Popular (y a la mayoría de la dirigencia democristiana) a una situación que estos nuevos socios de la ‘alegría’ venían añorando en sus años de exilio europeo y en sus avatares como desdeñados por la Junta Militar, respectivamente.

“Muchachos, el lucrativo negocio llamado ‘estrujemos Chile’ alcanza para todos, por ello, no peleemos, asociémonos”, fue la consigna que la derecha pinochetista insufló en las ambiciosas mentes de la mayoría de los ex dirigentes políticos que una vez dijeron ser allendistas, pero que ahora resurgían como administradores de esta extraña “democracia institucional y republicana”. La fiesta de los zarpazos, rasguños, agarraderas y apropiaciones, se armó rápidamente… pero, para que esa toletole no se detuviera ni derrumbara, a los renovados socialistas y pepedeistas les fue necesario mantener la Constitución ‘guzmaniana’ haciendo creer al gran público que luchaban denodadamente contra ella, aunque en términos rigurosos lo que hacían era sólo el uso de una salivosa verborrea y un engañoso actuar, rayano en la traición al electorado, a sus propias promesas y al país en general.

Ricardo Lagos Escobar fue uno de los que portó las banderas de primera fila en esos asuntos. Y lo hizo tempranamente, ya en el año 1989, pues junto a Edgardo Boenninger y Enrique Correa, llevaba el pandero de la Concertación de Partidos por la Democracia, y en esa calidad se dio el golpe efectista para afianzar la Constitución dictatorial mediante un plebiscito que, en términos concretos, produjo la consolidación oficial del saqueo. Fue así que los socialistas y/o progresistas –dirigidos por la tríada Lagos, Boenninger y Correa-  obtuvieron “reformas constitucionales” que establecieron, entre otros puntos, los siguientes principales:

a) Aceptar constitucionalmente la estafa binominal.

b) Renunciar a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la propia Constitución del 80, que habilitaba  al Presidente para aprobar los proyectos de ley con mayoría simple en una cámara y sólo un tercio en la otra (cualquiera que fuera Diputados o Senado). Con esto Pinochet se aseguraba, en el caso de seguir en la Presidencia, poder legislar con los senadores designados que le daban mayoría a todo evento en el Senado y con minoría hasta de un tercio en la Cámara de Diputados.

c) Renunciaron a la convocatoria de plebiscitos constitucionales, que se ganan con el 5% más un voto, de origen presidencial.  O sea, renunciaron al mecanismo por el cual se aprobó la Constitución del 80 y el mismo Plebiscito en que estaban votando en julio del 89 (!!). Ello significa entonces que la Concertación consideró no válidas ambas acciones, pese a que a través de ellas Chile recuperó la democracia y la propia Concertación accedió al gobierno. ¡¡De Ripley!!

d) Dejaron a Patricio Aylwin sin senaturía vitalicia, la cual  quedó exclusivamente para los  Presidentes que hubiesen gobernado seis años. Aylwin tuvo un período constitucionalmente excepcional (norma transitoria) de 04 años. Tiempo después, el 2000 o 2001,   tuvieron que aprobar, con el visto bueno de la UDI-RN, una Ley especial que también benefició al renunciado senador vitalicio Augusto Pinochet para darle a Aylwin el equivalente a los ingresos de un senador vitalicio.

e) Y otros asuntos de igual e incluso mayor gravedad, que están muy bien descritos en el libro “Chile, una Democracia Tutelada” del ensayista y sociólogo Felipe Portales (Editorial Sudamericana, 2000).

En resumen,  la Concertación se auto amarró las manos para sólo asegurarse la Presidencia (que se gana con el 50% más un voto, con una o dos vueltas electorales) y los cargos de confianza de la Administración Pública. Pero, el grueso de esa Administración Pública  quedó sometida a las leyes de amarre, y aún hoy muchos pinochetistas permanecen en altos cargos burocráticos, lo que ha estimulado las plantas paralelas, las contratas, las triangulaciones tipo MOP-GATE, la corrupción y los precarios y muchas veces ilegales trabajos a honorarios en el aparataje del Estado.

Todo lo que requería 4/7 (Leyes Orgánico-Constitucionales), 3/5 y 2/3 (Reformas Constitucionales), quedó en manos del  veto de la derecha UDI-RN, quien vía senadores designados y vitalicios -hasta que se eliminó el sistema porque  ya no le convenía a la derecha al designar la mayoría o la mitad de ellos la Concertación- además del estafador sistema  binominal (un voto vale por dos),  dispuso de la llave de toda reforma de fondo.

Y con ese esperpento totalitario como guía y base de nuestra manida “república” hemos llegado hasta el día de hoy, amén, por cierto, de un par de nuevos maquillajes que poco han cambiado el escenario principal, ya que el tan publicitado “fin del sistema binominal” ha sido sólo parcial, habida consideración que algunas circunscripciones y distritos continuarán sometidos a él, en gran medida.

¿Cuándo comenzó entonces a apretarles demasiado el zapato a esos señorones traidores y corruptos? Las movilizaciones sociales, la salida de las organizaciones a las calles, la movilización estudiantil, la valentía de las redes sociales y la caída estrepitosa de los poderes del estado en las encuestas de opinión pública, remecieron el castillo de estos feudales, cuyo puente levadizo amenazaba con caer y las masas de sitiadores electorales se encontraban a las puertas del palacio.

Había que hacer algo, y rápido. Era necesario gestionar ipso facto una artimaña. La gente, el pueblo, impetraba una nueva Constitución, no una reformita más, sino una Carta Fundamental diferente, emanada de la voluntad popular a través de una Asamblea Constituyente. Por cierto, los habitantes de la cueva de Ali-Babá reaccionaron con pavor y premura. “Sólo el Congreso Nacional puede y debe redactar una propuesta de Constitución”, dijo el ‘honesto’ Andrés Zaldívar, aplaudido de inmediato por otros bandidos políticos de su calaña.

Ellos contaron con el rápido apoyo de la mayoría de los parlamentarios. “El Legislativo es el único organismo que tiene capacidad y calidad –moral y técnica- para ese trámite”, dijeron con vehemencia. ¿Calidad moral? Vaya qué mentira, ¿no? Esa falacia volvió a mostrarse en toda su desnudez cuando, en la Cámara, hace solo un par de días,  los diputados rechazaron legislar para que los chilenos conociesen en detalle la negociación del TTP que Chile firmó, al parecer, en beneficio de EEUU y de las grandes transnacionales.

¿Por qué ese misterio, por qué esa cobija sobre un documento que sigue recibiendo fuertes críticas por parte de muchas personas? Lo mismos ocurre con una nueva Carta Fundamental que se desglose de los intereses reales de la gente. Se me viene a la mente una frase escrita por el ex senador Nelson Ávila en su cuenta twitter: “Todos (los actuales parlamentarios) cierran filas para oponerse al levantamiento del secreto a los "aportes reservados". Les aterra la transparencia real que (ellos mismos) proclaman”.

Lo anterior es solo un ejemplo, entre cientos posibles de mencionar, que da cuenta de la inmoralidad y entreguismo de esa “canalla dorada”, como les llamó en su momento Arturo Alessandri Palma. No tienen autoridad moral para llevar a cabo un trabajo de tanta relevancia como es redactar una nueva, moderna y democrática Constitución Política del Estado.  

Ya no hay organización en la cual confiar. Lo acontecido con las iglesias (católica y cristianas), cuestión que es posible ejemplificar a través de las acciones de frailes apellidados Karadima, Errázuriz y Ezzati, o en los planteamiento evangélicos -como el del inefable ‘pastor’ Soto-, impiden considerarlas ‘reserva moral’ de nada. Y si quedan aún algunos despistados creyendo que nuestras fuerzas armadas podrían ocupar ese sitial, permítanme recordarles que tampoco parece ser noticia (para la llamada “prensa canalla”, o prensa del duopolio) que el Ejército de Pelotillehue se gaste el 10% del “sueldo de Chile” en fiestas, casinos, carreras de caballos y propiedades.

Todos estos asuntos ni siquiera han ‘inquietado’ a los parlamentarios. El silencio retumba con reverbero en ese hemiciclo. Y claro, entre bueyes no hay cornadas. Pero, son esos mismos bueyes, precisamente, los que vociferan asegurando que sólo ellos pueden y deben redactar una nueva Carta Fundamental, ya que a la voz de la calle (así lo han dicho varios habitantes del Congreso) no se le puede permitir que imponga directrices ni leyes para el gobierno del país.   

Arturo Alejandro Muñoz

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