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Columna G80: Sergio Grez : La izquierda chilena y las elecciones: una perspectiva hist贸rica (1882-2013) (Parte I)
Columnas
2015-01-08
2885 lecturas

Sergio Grez
especial para G80

La izquierda chilena y las elecciones: una perspectiva hist贸rica (1882-2013) (Parte I)

Introducción

El debate en Chile acerca de la conveniencia y factibilidad del uso de las elecciones como medio para lograr concretar las aspiraciones populares es muy antiguo. Podría decirse que ha tenido lugar a lo menos desde fines del siglo XIX, junto con el surgimiento de una izquierda política que se distinguió́ claramente del liberalismo de las clases dirigentes. Incluso es posible encontrar algunos elementos de esta discusión en periodos aun más pretéritos, cuando los sectores populares, especialmente los artesanos urbanos, intentaron constituirse como sujetos sociales con identidades políticas propias, aunque –por aquella época– no antagónicas al liberalismo de la elite dirigente.


La pugna que ha opuesto a las “dos almas” de la izquierda y el movimiento popular, la institucionalista o gradualista versus la rupturista, alcanzó su máximo desarrollo en la izquierda social y política chilena durante el siglo XX, adquiriendo –en ciertas coyunturas históricas– mayor relieve el tema de la participación en las elecciones.

Es objeto de este trabajo exponer sucintamente las grandes líneas de los debates y de la praxis histórica de la izquierda chilena, respecto del uso del sufragio y la conquista de espacios en el sistema representativo como medio para la defensa de los intereses populares.

La Republica oligárquica

Al igual que en otros países iberoamericanos, la Republica que se implantó en Chile después de consumada la Independencia tuvo un carácter claramente aristocrático. Luego de algunos débiles ensayos de construcción de un régimen político un poco más incluyente (que considerara no solo a la aristocracia, sino también a algunos incipientes sectores medios), la victoria conservadora en la guerra civil de 1830 consagró por mucho tiempo una institucionalidad política excluyente, basada en el sufragio masculino censitario que dejaba sin derechos políticos efectivos a más del 95% de la población. La “Republica Conservadora” de las décadas de 1830, 1840 y 1850, fue una suerte de dictadura constitucional con escasos márgenes para la disidencia política. Su fundamento legal fue la Constitución de 1833, un traje a la medida de los vencedores de la guerra civil (grandes terratenientes y burguesía comercial de la región central del país) que preservó durante varios decenios un régimen caracterizado por el centralismo, el presidencialismo, el elitismo y la fragilidad de los derechos fundamentales proclamados en el texto constitucional1.

En ese contexto, al igual que durante los anos inmediatamente posteriores a la Independencia, la participación política autónoma de los sectores populares era imposible. A lo sumo, y como consecuencia del eco del discurso republicano que afirmaba teóricamente los principios de la soberanía popular, algunos estratos superiores del “bajo pueblo” (sobre todo los artesanos urbanos) se manifestaban receptivos a los llamados que periódicamente realizaban distintos bandos políticos de la elite a fin de servirse de ellos como fuerza suplementaria, de choque, pero también como masa electoral, ya que algunos artesanos gozaban del derecho a voto a cambio de sus servicios en la Guardia Nacional. Se trataba, por parte de los sectores dirigentes, de convocatorias políticas meramente instrumentales hacia el “bajo pueblo” y, por el lado de los trabajadores, de una participación política absolutamente supeditada. No obstante, en algunas coyunturas, como en 1845- 1846 y, más marcadamente en el agitado bienio de 1850-1851, que culminó en una nueva guerra civil ganada por los conservadores, se manifestaron algunos atisbos, aun débiles e inconsistentes, de una incipiente participación política de los trabajadores con un mayor grado de autonomía respecto de los “caballeros” de la clase dirigente. Al mismo tiempo se intentaba defender ciertos intereses de las clases y sectores sociales subordinados, especialmente del artesanado. Reivindicaciones como la protección a los talleres artesanales y la reforma o abolición del servicio militar en la Guardia Nacional, fueron levantadas por los trabajadores urbanos calificados, tanto en coyunturas electorales como de manera permanente, sirviendo de base para la lenta conformación de un movimiento popular. La experiencia de la Sociedad de la Igualdad de 1850 marcó un hito altamente simbólico, que posteriormente adquiriría características míticas como un hecho fundacional del movimiento popular chileno. A pesar de su valor emblemático y practico (el aprendizaje político realizado en sus filas por numerosos obreros y artesanos), esta experiencia se inscribió́ aun en el marco de la participación política subordinada de “los de abajo”. Características similares tuvo la incorporación de estos sectores en los bandos que se enfrentaron en las guerras civiles de 1851 y 1859 y en las justas electorales de la década de 1850, 1860 y 1870. Aunque en ciertos momentos se vislumbraron acciones más autónomas de algunos grupos de trabajadores, fundamentalmente durante las guerras civiles, es preciso subrayar que la tónica dominante seguía siendo la supeditación a las elites dirigentes2.

Sin embargo, desde la instauración de la llamada Republica Liberal (1861- 1891) y a medida que la liberalización del país avanzó hacia un sistema político más inclusivo y con mayor respeto por los derechos fundamentales, los trabajadores mejor calificados fueron constituyéndose en movimiento organizado tras un ideario de “regeneración del pueblo” de carácter ilustrado, democrático y liberal-popular. El movimiento popular que tomó cuerpo en aquellas décadas no solo impulsó la creación de mutuales, cooperativas, cajas de ahorro, sociedades filarmónicas de obreros, escuelas vespertinas de artesanos y periódicos, sino que también incursionó en la política como un medio para apoyar sus reivindicaciones y conseguir la transformación de la elitista institucionalidad política liberal en un sistema efectivamente democrático que considerara los intereses de los trabajadores3.

La liberalización del país alentaba las esperanzas que obreros y artesanos ponían en su participación en la vida política institucional, principalmente a través de las votaciones en los cuerpos representativos del Estado. Durante la Republica Liberal el sistema político seguía siendo oligárquico, aunque, a diferencia de lo que había ocurrido en la Republica Conservadora, se abría a todas las facciones de la clase dominante y era crecientemente competitivo. Más aun, desde mediados de la década de 1870 ofreció́ pequeños espacios de participación política a algunos grupos populares al suprimir el censo o requisito de riqueza para acceder a la “ciudadanía activa”, dejando como única exigencia para el uso de los derechos políticos, saber leer y escribir. Era, en la practica, la instauración del sufragio universal masculino, aunque de manera muy acotada debido a las altas tasas de analfabetismo. Esta “democracia editaría de negociación” efectuó́, pacíficamente entre 1860 y 1891, reformas liberales como la mencionada ampliación del sufragio masculino, la reforma de la ley de imprentas y el voto de las “leyes laicas” (de registro civil, matrimonio civil y cementerios laicos)4.

El movimiento popular organizado trató de aprovechar los espacios y oportunidades que le ofrecida la liberalización en curso, apostando a una estrategia de ampliación de libertades publicas y democratización paulatina del sistema político. A pesar de que durante mucho tiempo el movimiento de trabajadores en pro de la “regeneración del pueblo” siguió́ sirviendo de apoyo al liberalismo oficial con el que compartía sus proyectos de laicización del Estado y de la sociedad, desde 1882 empezaron a desarrollarse experiencias que implicaban el esbozo de una actividad electoral más independiente de los sectores populares inspirados por una lectura plebeya del ideal liberal. A través de una organización sociopolítica –la Sociedad Escuela Republicana– algunos grupos de obreros y artesanos levantaron en 1882 y en 1885 las primeras “candidaturas obreras” como expresión de la corriente liberal popular al interior de la gran “familia liberal”. Las campanas de apoyo a estas candidaturas –en las que se involucraron varias mutuales y otras asociaciones populares de Santiago, Valparaíso, Chillan y Concepción– fueron concebidas como una forma de defender los intereses de los trabajadores a través de la acción de sus propios representantes en los municipios y en el Parlamento nacional5. Los trabajadores debían auto representarse, sin confiar en los políticos que solían servirse de ellos. Algunos oradores populares de Valparaíso que apoyaron la campana municipal de ciertos trabajadores mutualistas en 1885 explicaron que
“[...] ya era tiempo de que los obreros porteños, sin dejar de ser fuerza auxiliar de los partidos liberal y radical, separados o unidos, trabajaran por elevar independientemente de su seno a los obreros más ilustrados y prestigiosos para que a nombre del pueblo tomen parte de la cosa publica, ahora como ediles y más tarde, si lograba establecerse el Circulo Político de Obreros, como diputados a los futuros congresos”6.
Las “candidaturas obreras” de 1882 y 1885 tuvieron un destino irregular: ninguno de sus abanderados resultó elegido parlamentario, pero varios candidatos apoyados por las asociaciones populares consiguieron ocupar puestos municipales en Chillan y Concepción. A pesar de ello, estas campanas sentaron un precedente de incipiente aspiración a la independencia política de los trabajadores7.

La fundación en 1887 del Partido Democrático (PD), primera formación política de raigambre netamente popular, compuesta por artesanos, obreros y algunos jóvenes intelectuales de las capas medias, significó un paso más decidido en la autorepresentación política de los sectores populares y su participación en las contiendas electorales. Su programa apuntaba a la transformación progresiva del Estado oligárquico a un Estado democrático. Su estrategia combinaba el impulso de ciertas reivindicaciones populares con la participación electoral como vía privilegiada para la conquista de espacios institucionales a fin de hacer realidad el primer punto de su Programa: la “emancipación política, social y económica del pueblo”8. Para alcanzar estos fines, el PD se proponía “trabajar por obtener la debida representación en los diversos cuerpos políticos, Congreso, municipio, juntas electorales, etc.”9.

Las primeras incursiones electorales del PD no fueron exitosas: a la tradicional intervención del poder ejecutivo en las votaciones, se sumaban el cohecho y el polarizado ambiente político que culminó en la guerra civil de 1891, lo que hacia muy difícil que prosperara la “tercera vía” propuesta por este partido10. Sin embargo, en los anos inmediatamente posteriores a la guerra civil, en el marco de la flamante Republica Parlamentaria, que anuló por completo el poder presidencial al trasladar el eje de la política nacional al Parlamento, donde debatían y zanjaban sus disputas los partidos de la oligarquía, el PD cosechó los primeros frutos de su actividad electoral. Hacia mediados de la ultima década del siglo ya tenia un diputado y cuarenta y cinco concejales municipales en varias de las ciudades más importantes del país11. Eran resultados modestos pero alentadores, sobre todo si se tomaba en cuenta que el cohecho practicado por los partidos oligárquicos adquiría cada vez mayores proporciones como mecanismo de sustitución de la antigua intervención presidencial, y considerando, también, que los demócratas habían obtenido dichos puestos representativos practicando una política de “autonomía absoluta”, esto es, sin alianzas o pactos de ningún tipo con otras formaciones políticas, de acuerdo con los principios fundacionales del partido.

Mas varios factores hicieron inviable la “autonomía absoluta” de “la Democracia”12. Entre ellos destacaban dos elementos. En primer lugar, el sentimiento anti conservador de su militancia que empujaba a muchos demócratas a aliarse con distintas tendencias y partidos del arco liberal. A esto se sumaba el imperativo pragmático de la dirigencia del PD, de “defender” las diputaciones alcanzadas en el contexto de la nociva practica política imperante en aquella época que permitía a la Cámara de Diputados “calificar” las elecciones, o sea, ratificar o modificar el veredicto de las urnas en función de espurios acuerdos partidarios. Para superar ese obstáculo, el sector hegemónico de la dirección demócrata encabezada por Malaquías Concha y Artemio Gutiérrez logró –con grandes dificultades debido a la resistencia del ala izquierda del partido reticente a la alianza con los partidos oligárquicos– imponer en 1896 el ingreso del partido a la Alianza Liberal. La entrada del PD a ese bloque y al juego parlamentarista acarreó el inicio de un germen de corrupción política que anos más tarde produciría una división duradera en su militancia13.

La puerta quedaba abierta para que el sector hegemónico, so pretexto de defender los intereses del partido, incurriera en las alianzas, pactos y compromisos más variados y alejados del ethos autonomista proclamado por “la Democracia”. En términos electorales las ganancias eran claras: en 1897 el partido obtuvo dos diputados y aumentó cuantiosamente su representación municipal, pero el costo era el alejamiento cada vez más pronunciado de su pureza doctrinaria. Aunque periódicamente las convenciones demócratas afirmaban como un rito consagrado su “autonomía absoluta”, esta ya era cosa del pasado. Desde que el partido se había sometido plenamente al juego parlamentarista, no le quedaba más alternativa que aliarse con uno de los bandos de la clase dirigente, so pena de ver desaparecer sus escasos representantes de los puestos de representación popular. Como la unión con la Coalición era descartada por formar parte de ella el enemigo principal representado por el Partido Conservador, la convergencia obligada –si el PD quería seguir en el juego representativo institucional– era la Alianza Liberal. No obstante, la idea de un candidato propio era acariciada en algunos círculos demócratas. Así́, al expirar el siglo, estaban dadas las condiciones para que nuevas tendencias contestatarias se afirmaran en su seno buscando retomar su definición política original14.

La cuestión electoral fue –desde los últimos anos del siglo XIX– una línea divisoria en el seno del movimiento popular, porque la incorporación del PD a la Alianza Liberal y al juego parlamentarista no solo suscitó polémicas y divisiones en su interior; también provocó algunos desprendimientos de militantes demócratas que constituyeron las primeras y efímeras organizaciones socialistas chilenas. Si bien estos nuevos referentes no eran reacios a la utilización del voto como arma para hacer avanzar las conquistas de los trabajadores, diferían de la política aliancista impulsada por la dirección de “la Democracia”. Más radicales aun eran los primeros núcleos anarquistas que empezaron a formarse hacia 1898. De acuerdo con los postulados universales de su corriente, los ácratas chilenos se oponían porfiadamente a cualquier forma de inserción en la política institucional y rechazaban de plano la participación en las elecciones de los cuerpos representativos del Estado, tal como se expresaba en uno de sus periódicos en 1900:
Es preciso que las clases trabajadoras de Chile imiten a las de otros países más adelantados, que no asistiendo a las urnas, han negado su voto aun a los mismos obreros que iban al poder, seguros de que estando arriba se olvidan de todas las promesas hechas en discursos y proclamas, y solo piensan favorecerse ellos y sus secuaces.
Pensamos que el único medio de mejorar moral y materialmente a los proletarios, es la revolución social que barra con todas estas instituciones que son una vergüenza para la humanidad15.

Entretanto, la política electoral causaba efectos contradictorios en el PD. Si bien su cuota de representantes en las municipalidades y en el Parlamento seguía creciendo, lenta pero regularmente, y sus diputados se destacaban en la presentación de los primeros proyectos de legislación social, las polémicas por la cuestión de las alianzas con los partidos burgueses desembocaron en 1901 en un fraccionamiento de larga duración de sus alas reglamentaria y doctrinaria. A pesar de su división, en 1906 el partido consiguió́ elegir seis diputados, pero a costa de la perdida de su autonomía electoral, puesto que hasta los doctrinarios ya estaban estableciendo pactos con sectores del liberalismo, en circunstancias que sus camaradas reglamentarios se aliaban con partidos del otro bloque, incluso con los conservadores. Ese mismo ano, cada fracción apoyó a un candidato burgués distinto a la Presidencia de la Republica. La realpolitik de la Republica Parlamentaria reducía a una simple hoja de parra las proclamaciones de principios autonomistas de los demócratas y los arrastraba a practicas de corrupción cada vez más parecidas a las de los partidos oligárquicos, acentuando, de paso, la división en su seno. Es más, tres de las seis diputaciones conseguidas a comienzos de ano se perdieron debido a las maniobras arteras de otros partidos que, aprovechando las divisiones internas de los demócratas, les arrebataron esos cargos en el proceso de “calificaciones” efectuado en el Congreso Nacional. Y para colmo de males, la participación en las elecciones despertaba apetitos en la militancia del partido, generando disputas personales y de grupos que ambicionaban, más allá́ de todo principio, llenar con uno de los suyos los puestos de candidatos.

El surgimiento y fortalecimiento de una corriente socialista en el seno de la fracción doctrinaria del PD estuvo ligado en buena medida al descontento que producían estas practicas electoralistas en el sector demócrata más radicalizado y vinculado con el emergente movimiento obrero. Aunque estos militantes no despreciaban la actividad electoral, la subordinaban al desarrollo autónomo de las luchas de los trabajadores y se proponían ya no solo la conquista de la democracia, sino el socialismo como horizonte de su acción. En 1912, la ruptura se consumó cuando un puñado de militantes conducidos por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren constituyó en el norte salitrero el Partido Obrero Socialista (POS), germen del futuro Partido Comunista de Chile (PC)16. Muchas de las razones esgrimidas por los socialistas de Recabarren para explicar su ruptura con “la Democracia” se relacionaban con las cuestiones electorales y la política de alianzas:
1.- Porque el Partido Demócrata en su acción durante toda su existencia, se ha unido a los partidos de la clase capitalista y enemigos del progreso de los trabajadores. 2.- Porque mediante pactos comerciales con aquellos partidos, en cada campana electoral, el Partido Demócrata ha contribuido a consolidar el poder de la burguesía capitalista, en perjuicio de la naciente organización de los trabajadores. 3.- Porque el Partido Demócrata jamás se ha preocupado de organizar a los trabajadores para la defensa de sus intereses económicos, ni se ha preocupado de la instrucción del pueblo, por medio de la conferencia o del periódico. 4.- Porque muchos candidatos, con el silencio autorizado del Partido, han practicado el cohecho contribuyendo a la corrupción, al igual que los demás partidos. 5.- Porque el Partido en sus diversas convenciones se ha negado a establecer un programa de reivindicaciones obreras. 6.- Porque el inciso 7o del articulo 49 del Reglamento General del Partido, autoriza al Directorio General para anular cualquier disposición reglamentaria, lo cual autoriza al despotismo. 7.- Porque la conducta de los diputados del Partido ha sido siempre deficiente, incompleta e inconsecuente. Los discursos y declaraciones con que algunos representantes han creído defender los derechos del pueblo, han sido destruidos por sus actos de apoyo a mayorías deshonestas17.
A partir de ese momento, tres fuerzas se disputarían la conducción de los movimientos populares: los anarquistas, cuyos postulados los hacían excluir toda posibilidad de actuación en el terreno electoral, los demócratas y los socialistas. Para estas ultimas corrientes, las elecciones eran un terreno valido, aunque sus políticas diferían en aspectos sustantivos. Tal como ha sido expuesto, los demócratas se habían deslizado por una pendiente de la cual no volverían a salir. Su pragmatismo político no solo los llevaba a contraer todo tipo de alianzas, desde 1916 también empezaron a participar en gabinetes ministeriales de variado signo. A pesar de que los ministros demócratas promovieron proyectos destinados a hacer realidad parte del programa reformista del partido (leyes de accidentes del trabajo y seguro obrero; creación de escuelas industriales, salubridad y seguridad del trabajo, habitaciones obreras baratas, jornada de trabajo de 8 horas en todas las obras publicas y Juntas permanentes de Conciliación y Arbitraje en los conflictos entre el capital y el trabajo, entre otros18), estos logros se obtuvieron a expensas de su conversión en una maquina electoral y de distribución de cargos públicos, participando en gobiernos preocupados más por la contención de los movimientos populares, que por la satisfacción de sus principales demandas. Ello explica que, a pesar de la mantención de su retorica izquierdista, el PD estuviera ausente o participara a remolque en las grandes luchas populares del periodo 1918-1921. Con todo, la plena inserción de “la Democracia” en el juego parlamentario y su colaboración ministerial, le brindaron buenos frutos electorales. En 1918, su representación en el Congreso Nacional se elevó a dos senadores y seis diputados19; en 1921, a dos senadores y doce diputados, llegando a ser la cuarta fuerza política del país en el numero de diputaciones. Lo anterior, excluyendo sus doscientos tres regidores o concejales municipales20. Mas, como está dicho, su ascendiente electoral e institucional ya no corría a la par con su lugar en los movimientos sociales populares, especialmente en el movimiento sindical.

El POS tenia una aproximación muy distinta a la cuestión electoral. Los socialistas estimaban que para realizar su ideal, los trabajadores debían agruparse gremialmente (en sindicatos) para defender sus intereses frente a la clase burguesa, formar cooperativas para abaratar el costo de la vida y organizarse políticamente a fin de afianzar, a través de sus representantes, las conquistas que obtuvieran con la organización gremial y cooperativa. La lucha política implicaba la participación en las elecciones para elegir representantes en los cuerpos del Estado (municipalidades, Parlamento y gobierno central). Sin embargo, los socialistas no pretendían conquistar mayorías en dichos comicios, sino, simplemente, utilizar las elecciones como un instrumento para difundir su mensaje a sectores más vastos de los trabajadores, por lo tanto, su llegada a los municipios y al Parlamento era concebida como un medio para realizar un trabajo de critica, agitación y propaganda antisistémica. Solo a nivel municipal, los socialistas de Recabarren alentaban algunas ilusiones acerca de la posibilidad de impulsar algunas iniciativas en beneficio de los sectores populares. Esta visión era realista, ya que los exiguos recursos financieros del POS y las viciosas practicas electorales de la época, que iban desde el cohecho más desvergonzado hasta la intervención arbitraria e ilegal de las autoridades, pasando por fraudes perpetrados a plena luz del día, se alzaban como obstáculos insuperables para una fuerza política rupturista aun débil e inexperta. Es por esto que, durante toda su existencia (1912-1921) el POS obtuvo resultados electorales muy modestos, alcanzando recién en 1921 el 1,4% de los sufragios nacionales en las elecciones parlamentarias. Aunque es necesario precisar que en ciertas provincias –como las del norte salitrero– su caudal de sufragios fue siempre importante, alcanzando ese mismo ano votaciones que oscilaron entre el 46% y el 50,3%. A lo que habría que agregar que a nivel municipal en algunas comunas de esas mismas provincias, el POS conquistó una representación nada despreciable21.

El POS, al igual como lo haría a partir de 1922 su sucesor, el PC, no descuidó la acción en el plano electoral, pero sin alentar ilusiones acerca de la posibilidad de cambio revolucionario a través de la vía parlamentaria. Los dos primeros diputados del POS, Luis Emilio Recabarren y Luis V. Cruz, que debido al cambio de nombre del partido en enero de 1922 se convirtieron en los primeros parlamentarios comunistas chilenos, siguieron el postulado leninista consistente en utilizar el Congreso Nacional como una tribuna de agitación, critica y denuncia del sistema capitalista y de las instituciones burguesas22. Para ellos el cambio revolucionario no pasaba por las elecciones ni por el Parlamento; a lo sumo, las victorias electorales comunistas podían acercar el triunfo de la revolución social, pero nunca provocarían por sí solas su advenimiento. En 1921, cuando aun existía el POS, Recabarren exclamaba:
¿Quieren los obreros que vaya a la Cámara a hacer leyes obreras, opuestas a las leyes burguesas?
No. Ya comprendemos los obreros que el problema social no se resolverá́ por medio de las leyes, pues, la burguesía capitalista, jamás habrá́ de permitir que se hagan leyes benéficas para el pueblo y si algunas se hicieren no las respetará. Entonces, ¿para qué hacer más leyes?
De la Cámara burguesa jamás saldrá́ una ley que determine la verdadera libertad, ni el verdadero bienestar y felicidad popular. Jamás. La historia del pasado es la prueba, porque jamás se ha hecho leyes que acaben con la esclavitud.
Si la representación socialista fuera al Congreso a contribuir a la dictación de nuevas leyes, no iría a obtener la verdadera libertad que necesitamos, ni a obtener verdadero beneficio para la familia obrera.
Cualquier ley que un diputado socialista obtuviera, con apariencias beneficiosas, no serviría para nada para el pueblo, puesto que nunca han servido y en cambio contribuiría a mejorar las condiciones del estado capitalista, postergando y retardando la verdadera emancipación popular, a la vez que haciendo confiar al pueblo en esperanzas que jamás se transformarán en bienestar social23.

Según Recabarren, la felicidad del pueblo se alcanzaría mediante “la reconstrucción total de la organización del Estado”, y esa no podía ser obra de un parlamento capitalista; solo el pueblo seria capaz de llevarla a cabo. Por eso los socialistas no debían “ofrecer hacer leyes para parchar una organización ruinosa”. Los representantes de su partido utilizarían la tribuna parlamentaria a fin de mostrarle al pueblo la incapacidad de la burguesía y la inutilidad de sus leyes24. Al ano siguiente, cuando el POS ya había adoptado la denominación de PC, el mismo líder reafirmó la línea revolucionaria que debía guiar la acción de los parlamentarios comunistas:
Un representante comunista no va al Congreso a hacer política, a ‘cooperar con los burgueses, a pedir empleos, a mendigar sueldos, o a intrigas entre pasillos’. El parlamentario comunista investido de la representación de un partido serio que encierra en sí las aspiraciones y la voluntad de las masas ya no sumisas: va a la Cámara a destruir, a despedazar con su critica libre y severa, la dialéctica jesuítica y sofistica de los representantes burgueses; y a iluminar, con el resplandor de la doctrina comunista, los problemas vitales que nos acosan.
El representante comunista en la Cámara, sigue siendo antiparlamentario, sigue combatiendo al parlamentarismo; y sus ideas en el Congreso, no difieren de las que expresara en vísperas de elecciones, y en su vida privada, ante sus electores25.
Sergio Grez Toso
Dr. en Historia, académico de la Universidad de Chile.

1ª parte de articulo resultante de las investigaciones realizadas en el marco de los proyectos FONDECYT N°1100047 y N°1130286. Versiones preliminares de este trabajo fueron presentadas en la Jornada Juan Bosch 2012, “Elecciones y transformación política: perspectivas de presente y futuro”, organizada por la Fundación Juan Bosch, Santo Domingo, Republica Dominicana, 13 de octubre de 2012, y en el Colloque “Le modèle d’Allende et l’Amérique Latine 40 ans après, le sens d’une expérience”, organizado por el Centre d’Histoire et de Sociologie des gauches de l’Université Libre de Bruxelles, la Maison de l’Amérique Latine, le Comité́ contre l’impunité́ et pour la démocratie en Amérique Latine (CIDAL) y el Institut des Communications Sociales (IHECS), Bruselas, Bélgica, ULB, 20 de septiembre de 2013.

Leer Parte II
Leer Parte III y final

Notas

1 Análisis críticos de la Constitución de 1833 se encuentran, entre otras, en las siguientes obras: Julio Cesar Jobet, Ensayo critico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1955, pp. 33-35; Sergio Villalobos R., Portales, una falsificación histórica, Santiago, Editorial Universitaria, 1982, pp. 107-112.
2 Sergio Grez Toso, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, Ediciones de la DIBAM – Editorial RIL, 1997, 1a ed., pp. 177-236, 283-376, 389-426 y 485-525.
3 Ibíd., pp. 427-552.
4 Tomás Moulian, Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990, Santiago, Lom Ediciones - Editorial ARCIS, 2009, pp. 10 y 11.
5 Grez, op. cit., pp. 627-639.
6 “Reunión política de obreros”, El Mercurio, Valparaíso, 17 de abril de 1885.
7 Grez, op. cit., pp. 621-639.
8 “Programa del Partido Democrático. Aprobado en Junta General en 20 de noviembre de
1887”, El Ferrocarril, Santiago, 29 de noviembre de 1887.
9 Ibíd.
10 Sobre los primeros anos de vida del Partido Democrático, véase Grez, op. cit., pp. 655-703.
11 Héctor de Petris Giesen, Historia del Partido Democrático. Posición dentro de la evolución política nacional, Santiago, Imprenta de la Dirección General de Prisiones, 1942, p. 17.
12 En la jerga de los militantes demócratas, “la Democracia” (casi siempre con mayúscula) era el Partido Democrático, tanto sus principios como su organización.
13 Sergio Grez Toso, “El Partido Democrático de Chile: de la guerra civil a la Alianza Liberal (1891-1899)”, Historia N°46, vol. I, Santiago, junio de 2013, pp. 39-87; “Reglamentarios y doctrinarios, las alas rivales del Partido Democrático de Chile (1901-1908)”, Cuadernos de Historia N°37, Santiago, diciembre de 2012, pp. 75-130.
14 Ibíd.
15 “Nuestros propósitos”, El Ácrata, Santiago, 1 de febrero de 1900. Un desarrollo detallado de los postulados anarquistas en Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile (1893-1915), Santiago, Lom Ediciones, 2007.
16 Sergio Grez Toso, Historia del comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Santiago, Lom Ediciones, 2011, pp. 23-36.
17 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 6 de junio de 1912.
18 Julio Heise González, El periodo parlamentario 1861-1925, tomo II, Santiago, Instituto
de Chile - Editorial Universitaria, 1982, pp. 169 y 170; “Manifiesto a las agrupaciones del Partido Democrático”, El noticiero, Santiago, 10 de agosto de 1916; “El Ministro Guarello empieza a mejorar la instrucción”, La Opinión, Santiago, 31 de julio de 1917; Las candidaturas de Zenón Torrealba a Senador, de Vicente Adrián a Diputado y de Luis Torres Lucero a Municipal por Santiago. Breves consideraciones, Santiago, Imprenta y Librería Excelsior, [1923], pp. 46-55.
19 “Triunfo aplastador de la Alianza”, La Opinión, Santiago, 4 de marzo de 1918; Enrique Turri Concha, Malaquías Concha el político, Santiago, Editorial Universitaria, 1958, p. 58.
20 De Petris, op. cit., p. 61; Guillermo M. Bañados, Un ano en el frente (15 de Abril de 1920 al 15 de Abril de 1921). Memoria presentada a la Convención Extraordinaria del Partido por el Senador por Santiago Guillermo M. Bañados, Santiago, Imprenta Excelsior, 1922, p. 18.
21 Grez, Historia del comunismo..., op. cit., pp. 61-88.
22 Los principales planteamientos del líder bolchevique sobre este tema se encuentran
en Vladimir Ilich Lenin, La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1972.
23 Luis E. Recabarren, “¿A qué iré a la Cámara de Diputados?”, El Socialista, Antofagasta, 23 de febrero de 1921. Reproducido en Ximena Cruzat y Eduardo Devés, Recabarren. Escritos de prensa, tomo 4, 1919-1924, Santiago, Nuestra América Ediciones-Terranova, 1987, p. 101.
24 Ibíd., pp. 101 y 102.
25 Luis E. Recabarren S., “Partido Comunista de Chile adherido a la Internacional Comunista”, La Federación Obrera, Santiago, 7 de abril de 1922.


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