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Columna G80: Raúl Blanchet : INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE DE SALVADOR ALLENDE
Columnas
2011-06-14
2131 lecturas

Raúl Blanchet
La historia desconocida de una querella

INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE DE SALVADOR ALLENDE

La exhumación del cuerpo del presidente Salvador Allende tiene tras de sí, una extensa y singular historia completamente desconocida.

Durante 37 años y medio nadie había siquiera intentado presentar una querella criminal por el eventual asesinato del mandatario, aceptando sin titubeos las versión de que el presidente se habría suicidado. Para algunos esta fue –y es- una verdad que no acepta ser discutida y mucho menos examinada por medio de las más avanzadas técnicas de investigación y análisis tanatológicos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó 403 querellas el pasado 4 de marzo -al cumplirse 20 años de la publicación del Informe Rettig-, entre las cuales se encontraba el libelo por la muerte del presidente Allende. El 29 de octubre de 2010 había presentado otras 141 querellas, una de ellas por la muerte del general Alberto Bachelet, por quien tampoco se había iniciado acción judicial alguna desde su fallecimiento causado por las torturas a que fue sometido por sus compañeros de armas. Desde el 1 de junio de 2010 a la fecha, la AFEP con el apoyo gratuito de un grupo de abogados y estudiantes de derecho lleva presentadas 747 querellas por 953 víctimas y se espera que complete cerca de 1.260 presentaciones durante la segunda quincena de junio.

Durante los 37 años anteriores nadie hizo presentación alguna ante los tribunales de Justicia por al menos 1.360 casos de ejecución política, hasta que hace poco más de un año la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), presentó las primeras 100 querellas criminales en contra de quienes resultaran responsables de las ejecuciones sumarias de otras tantas personas. De esa forma dio inicio a un proceso de presentación masiva de querellas por estas acciones criminales cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad, desde el día del golpe de Estado hasta el 11 de marzo de 1990; sin contar los 1.193 casos registrados de detenidos desaparecidos.

Estas son las únicas querellas efectivamente presentadas por estos casos, pues el requerimiento interpuesto por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, el pasado 24 de enero por 726 casos de ejecución política, no pasa de ser un requerimiento formal carente de fuerza legal y por tanto está limitado en sus alcances y las diligencias que puede impulsar. Según abogados de Derechos Humanos, fue un “saludo a la bandera”.

El caso Allende

Había que ser muy valiente para permanecer resistiendo bajo el bombardeo aéreo y el fuego de la infantería apoyada por tanques contra el Palacio de La Moneda aquel 11 de septiembre de 1973. Nadie ni nada podría sembrar la duda respecto al valor y consecuencia de los defensores del mandato constitucional en tan adversas circunstancias, encabezados por el presidente constitucional.

Sin embargo, nunca se estableció una verdad jurídica al respecto, bastó con los testimonios de algunos sobrevivientes, los que incluso han resultado contradictorios. Pero, de buena fe, todo el mundo calló. Pasados 30 años de los sucesos comenzaron a abrirse paso tímidamente otras versiones de cómo pudieron haber ocurrido los hechos.

Tal escenario se ha visto especialmente convulsionado a partir de la querella presentada por la AFEP. Cuando comenzó su investigación el ministro Mario Carroza y ordenó diversas diligencias a la  Policía de Investigaciones (PDI),  fue contactada la familia Allende, como se hace en cada causa. La senadora Isabel Allende, ostensiblemente molesta, reprendió airadamente al presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier y requirió explicaciones acerca de la presentación de esa querella y la solicitud de la exhumación del cuerpo de su padre, sin haber consultado antes con la familia. El reclamo se basó en que la presidenta de la AFEP, al igual que otros tres integrantes de los seis que componen la directiva de esa agrupación y algunos de los abogados querellantes, son militantes del partido que preside Teillier. El diputado habría intentado incluso “poner las cosas en orden” en la AFEP, pero se impuso la independencia de la organización de Derechos Humanos.

Según el relato de personal de tribunales, la parlamentaria se reunió con el ministro Carroza en un intento por impedir la exhumación y en tal empeño hizo otros importantes esfuerzos. No obstante la protesta y las entrevistas previas de la parlamentaria, no logró su propósito.

Después de 21 años desde la salida de Pinochet de La Moneda y una vez que la investigación estaba en marcha y la fecha de la exhumación había trascendido, el Partido Socialista, la Familia Allende y posteriormente el Partido Comunista, se hicieron parte de la querella presentada por la AFEP.  

La gestación de las querellas

Para preparar las acciones judiciales, el departamento jurídico de la AFEP examinó abnegada y minuciosamente caso a caso durante más de un año todos los expedientes que tenía en su poder, elaborados desde que existe la organización. La propia agrupación se cuestionó no haber asumido tal iniciativa mucho antes. Si bien bajo la dictadura, poco o nada se podía esperar del Poder Judicial, concluyeron que al menos durante los últimos 20 años debieron emprenderse todas las acciones judiciales que ahora están llevando a cabo.

Todo parece señalar que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocido como el “Informe Rettig”, surtió un efecto calmante evitando que a lo largo de tanto tiempo se impulsaran las acciones judiciales que ahora han visto la luz. Como si la conformidad con las versiones recogidas en muchos casos por el informe, hubiera cancelado toda posibilidad de indagar más y buscar justicia para cada caso.

En la emblemática causa del presidente Salvador Allende se sintetiza con más fuerza la interrogante atingente a todos los casos de ejecuciones políticas sin investigar ni perseguir responsabilidades, definitivamente, porque las querellas existentes por estos crímenes contra la humanidad eran muy escasas comparadas con la cantidad de ejecuciones cometidas.

El gobierno de turno

En el transcurso de este proceso la AFEP ha ocupado por la fuerza en dos oportunidades las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para exigir del organismo una actitud de apoyo más resuelta a la búsqueda de justicia, mediante la presentación de querellas, pues está mandatado por ley para hacerlo. Pero de acuerdo a las normas establecidas por el gobierno de Michelle Bachelet -cuya madre es socia de la AFEP-, el Programa sólo puede presentar querellas si los familiares directos de las víctimas los solicitan.

Por otra parte el Programa respondió a la agrupación que no se hará parte de ninguna de las querellas presentadas por ella y se limitará a interponer algunas por violaciones a los Derechos Humanos según las directrices definidas desde La Moneda. Sobre esta base ha presentado 80 libelos por 154 Ejecutados Políticos entre julio de 2010 y mayo de 2011. Durante el gobierno de Bachelet se presentaron solamente 69 querellas por ejecuciones políticas.

Es ilustrativo cotejar la cantidad de presentaciones realizadas por la AFEP con las efectuadas por los gobiernos de turno, especialmente considerando que la agrupación no cuenta con recursos económicos para cubrir todos los gastos que impone un esfuerzo de la magnitud del que realizan, en tanto que los medios de que dispone el Programa son comparativamente, inmensamente superiores.  
 
Raúl Blanchet Muñoz  (ver aquí otros artículos del mismo autor)

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