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Columna G80: Raúl Blanchet : Lo que hay tras el uso de gas lacrimógeno
Columnas
2011-05-21
1523 lecturas

Raúl Blanchet
especial para G80

Lo que hay tras el uso de gas lacrimógeno

Que los gases empleados para reprimir las manifestaciones de masas son tóxicos y de un grado de peligrosidad desconocido para la salud, es algo sabido desde hace largo tiempo. Pero las autoridades de turno no han hecho nunca – y dificilmente harán- un estudio serio al respecto y se le ha restado importancia al asunto, de manera sistemática. Ya en plena dictadura, cuando se realizaban movilizaciones, los participantes advertían que los gases empleados resultaban cada vez más potentes. Lo mismo siguió ocurriendo durante los 20 años de gobiernos concertacionistas.

Desde el gobierno de turno hasta la "oposición" paralmentaria, pasando por los medios de comunicación y todos los líderes de opinión con tribuna en los canales de televisión, radio y prensa escrita, incluidos las opinólogas y opinólogos de la farándula, coinciden en que estos elementos disuasivos son concebidos y están bien empleados, cuando se reprime a los manifestantes violentistas. Seguramente por eso tuvo amplia cobertura una manifestación contra Hidroaysén realizada el pasado domingo en la Plaza Italia, a la que concurrieron algunas decenas de personas, que tuvieron incluso pantalla en los noticieros para anunciar que así se debía protestar, tal como lo hacían ellos, sin que los elementos violentistas actuasen para desvirtuar el sentido de las movilizaciones.

Lo que no saben estos manifestantes o no entienden, o se hacen los que no saben y que no entienden, es que no fueron reprimidos porque eran un número insignificante comparado con las grandes movilizaciones registradas desde la aprobación del proyecto Hidroaysén. Cabe recordar que durante la primera marcha contra ese proyecto en la que participaron cerca de 30 mil personas en Santiago, la policía se lanzó con ferocidad contra los manifestantes sin importar si marchaban pacíficamente o no. Lo fundamental de la tarea policial, era y es en lo que a movilización se refiere, atemorizar a la población, a los diversos grupos sociales que la integran, para que se auto repriman o auto contengan y no se manifiesten de manera activa. La brutalidad policial persigue sistemáticamente reactivar el miedo sembrado por 17 años de terrorismo de Estado abierto.

El uso de los gases, como de otros "disuasivos", por parte de la policía, constituye un golpe preliminar de fuerza, dentro de las tácticas de baja intensidad para los conflictos sociales. El sistema imperante no se sostendría ni un minuto más, si la gente perdiese el miedo a ser reprimida con riesgo de resultar asesinada o gravemente herida si se moviliza y más aún si se propusiera conquistar una institucionalidad verdaderamente democrática, que en el caso de nuestra historia reciente tuvo como expresión extrema el sangriento golpe de Estado de 1973 y el genocidio de un sector de la sociedad.

La policía uniformada comete de manera sistemática toda clase de atropellos contra la población, sin que ello acarree medidas profundas para eliminar tales prácticas. Esto no es casual. El sistema necesita que la fuerza pública gravite sobre el inconsciente de la ciudadanía y la punta de lanza es Carabineros. Como lo graficó el propio ex Director General de Carabineros, Fernando Cordero, quien entrevistado por radio Bío Bío citó la represión de las autoridades chinas contra las manifestaciones en la Plaza de Tiananmen en 1989, aplastadas por tanques y soldados, como el grado de represión a emplear cuando no se usan formas "disuasivas" antidisturbios. El ex general puso este caso como ejemplo extremo de los otros caminos represivos, permitiendo la conclusión de que la actuación de las fuerzas policiales antidisturbios, premunidas de toda clase de elementos químicos y tecnológicos, resultaban preferibles al empleo de acciones militares abiertas. Quedó claro en sus palabras, que se trata de una escala de intensidades en los métodos represivos. Y efectivamente así lo demuestra la historia del país –para no ir más allá de las fronteras.

Desde el advenimiento de los gobiernos de la Concertación han muerto 51 chilenos a manos de las fuerzas policiales en episodios de represión política o contra movilizaciones sociales. Como sucedió por ejemplo con el trabajador forestal Rodrigo Cisternas, en 2007. El mensaje es claro: someterse o de no hacerlo, sufrir las peores consecuencias.

En conclusión, para cualquier gobierno de turno y sus personeros, así como para la Fuerza Pública –incluyendo en el concepto las instituciones de la Defensa Nacional-, son violentas todas las movilizaciones sociales en que participen grandes cantidades de manifestantes ya sea reclamando derechos o rechazando medidas lesivas para vastos sectores de la población, especialmente si están en juego los destinos de importantes proyectos de negocios de las grandes empresas y grupos económicos. Y por cierto, son violentistas quienes las organizan y participan en ellas, especialmente si se trata de trabajadores, mapuches o estudiantes, porque la cuestión de fondo para quienes ostentan en Chile el poder económico, político y militar, es que toda protesta social de masas es un crimen.

Raúl Blanchet Muñoz

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